[vc_row][vc_column][vc_column_text]José Antonio Zamora
 
 
 
Pie Autor
José Antonio Zamora es profesor en el Instituto Teológico «San Fulgencio» (Murcia) y coordinador del «Foro I. Ellacuría» (Murcia).
 
 
 

 
 
Si nos fiamos de lo que nos dicen los medios de comunicación, en España existe un grave «problema»: la inmigración. Los discursos mediáticos, reflejo en gran medida de los discursos políticos dominantes, han conseguido en pocos años que se establezca una percepción fundamentalmente negativa de los inmigrantes que los asocia con la delincuencia, la ilegalidad, la amenaza a los puestos de trabajo, etc. Esta percepción ni está respaldada por los hechos, ni facilita el encuentro entre los que llegan y los que vivimos desde hace más tiempo en este territorio.
Es más, definir la inmigración como «problema» es la primera condición para convertir a los inmigrantes en «objeto» de políticas, ya sea discriminatorias o supuestamente solidarias, orientadas a una «solución» definitiva por parte de los «agentes» que las aplican. Y quizás el primer esfuerzo necesario ante la inmigración sería reconocer a los inmigrantes como «sujetos», primero de sus propias trayectorias vitales, pero también de su futuro político, laboral, cultural, etc., entre nosotros. Intentemos, pues, mirar la realidad sin el cristal que nos han puesto los medios.
 
 

1. Conozcamos algunos datos

 
Si tomamos en consideración el contexto mundial, pronto nos daremos cuenta que España es uno de los países que se encuentran a la cola de las estadísticas. Después de los últimos procesos extraordinarios de regulación, en ella residen aproximadamente 1.100.000 extranjeros (2,7% de la población), muy lejos de Luxemburgo (34,9%), Australia (21,1%), Suiza (19%), Canadá (17,4%), Estados Unidos (9,3%), Austria (9,1%), Alemania (9%), Bélgica (8,9%), Francia (6,3%), Suecia (6%), etc. Es más, contamos con una importante población de otros países de la Unión Europea que reside entre nosotros, de modo que los ciudadanos extracomunitarios escasamente superan los 650.000, un 1,6% de toda la población y un 59% del conjunto de residentes extranjeros. Después de los marroquíes (219.731) y los ecuatorianos (82.765), son los británicos (74.419), los alemanes (58.089), los portugueses (42.310) y los franceses (39.504), los grupos nacionales más numerosos, aunque la imagen social dominante no suele incluir a los miembros de estas nacionalidades entre los inmigrantes. De todos modos, la proporción de los extracomunitarios crece desde hace años en relación con la de los comunitarios.
 
 
Es cierto que en España se ha producido una inversión migratoria, comprensible si tenemos en cuenta los cambios económicos que han tenido lugar en las últimas décadas. Actualmente son más las personas que vienen a vivir a nuestro país, que las que lo tienen que abandonar por el motivo que sea. Sin embargo, los españoles que residen fuera de España son todavía casi el doble de los extranjeros que residen entre nosotros. Es muy importante tener en cuenta este dato a la hora de mirar a los que llegan, pues sólo un chovinismo imperdonable puede negar a otros seres humanos lo que hemos aceptado con naturalidad para nuestros compatriotas.
No deberíamos olvidar que durante el siglo XX emigraron más de 6,7 millones de españoles, de los cuales 1,3 millones lo hicieron a Europa central sólo entre 1960 y 1980. Y es bien conocido el papel que jugó la emigración como estabilizador social compensando el desempleo o el que jugaron las remesas de aquellos emigrantes de cara a sufragar los bienes de capital importados por la industria española.
 
Si nos preguntamos por la distribución de la inmigración extracomunitaria en términos relativos a la población total, observaremos que son Cataluña y Madrid, con 206.442 y 165.426 respectivamente, las comunidades autónomas donde reside una mayor proporción, en torno a 3,2%. Le siguen Canarias y Murcia, donde lo hacen en torno a un 1,8% de sus respectivas poblaciones. Aunque existe un leve predominio de los varones, podemos hablar de una creciente feminización de la inmigración. Este rasgo se acentúa cuando nos fijamos en la inmigración procedente de América. También es significativo que casi la mitad de los extranjeros residentes en España pertenezcan a la franja de edad entre 26 y 45 años, estando los menores de 15 y los mayores de 66 años infrarrepresentados.
 
Si nos fijamos en la ocupación laboral de los inmigrantes con papeles, la mayoría trabaja en el sector agropecuario, en torno al 33%, el resto lo hace en la construcción (15%), servicio doméstico (15%), hostelería (11,5%), comercio menor (6%), productos alimenticios (0,7%) y resto de actividades (18,8%). Ahora bien, si atendemos al mercado oculto, veremos que en él la venta ambulante y el comercio (27%), el servicio doméstico (23%), la hostelería (16%) y la construcción (15%) son los sectores importantes, sin olvidar que cerca de 20.000 inmigrantes sin regularizar se dedican a la prostitución.
 
Con todo, detrás de estas cifras se esconde una serie de perfiles laborales específicos vinculados fundamentalmente al país de procedencia o al género. En el colectivo trabajador proveniente de África, en el que se da un fuerte predominio el sexo masculino, la mayoría se dedica a la agricultura (38%), seguida de la construcción (17%), el comercio-hostelería (15%) y el servicio doméstico (9%). En el colectivo de trabajadores procedente de América Latina, en el que por el contrario predomina el sexo femenino, la mayoría trabaja en el servicio doméstico (40%), seguido por comercio-hostelería (18%) y otros servicios (10%). Los asiáticos trabajan mayoritariamente en la hostelería y el comercio (48%) y en el servicio doméstico (27%). En cambio, si centramos nuestra atención en los trabajadores que proceden el espacio económico europeo o de América del Norte, veremos que los sectores más importantes son el comercio y la hostelería y la rama de finanzas y seguros.
 
 

2. Factores que influyen sobre la inmigración

 
La emigración es un fenómeno complejo y sobre él influyen muchos factores. Uno de ellos es el demográfico. Las sociedades desarrolladas envejecen y pierden población. Si dejamos fuera de consideración la emigración, según fuentes de la ONU, hacia el año 2050 habrá descendido la población en la Unión Europea en 61,6 millones. España contará con 30,2 millones de habitantes, 9,4 millones menos que en la actualidad. Esta evolución llevará aparejada una serie de graves problemas: desequilibrio de flujos en el mercado de trabajo, crisis del sistema de pensiones, sobrecarga del sistema de salud y seguridad social, etc.
Por otro lado, muchos de los países de los que proceden los inmigrantes se encuentran en plena transición demográfica, es decir, disminuye la mortalidad infantil y aumenta la esperanza de vida, pero no disminuye al mismo ritmo el número de nacimientos. Este crecimiento demográfico en países con economías que ya tienen dificultades para asegurar la reproducción de la vida de la población lleva aparejado un importante desplazamiento del campo a la ciudades, hacinamiento urbano, paro, conflictos sociales, etc.
 
 
Es evidente que la migración puede aliviar la presión en el sur y mitigar la falta de población en el norte. De hecho, la División de Población de la ONU calcula que para mantener hacia el 2025 la misma ratio de activos/jubilados que existe hoy en Unión Europea ésta debería recibir en torno a 135 millones de inmigrantes.
Aunque las desigualdades económicas no actúan de modo automático sobre las migraciones, pues en ese caso miles de millones de seres humanos emigrarían, no cabe duda que son un factor influyente. El PIB de los países de más altos ingresos supone el 86% del total. Ellos también acaparan el 68% de las inversiones directas, el 71% del comercio mundial de bienes y servicios y el 91% de los usuarios de internet. Entre los países más ricos y los más pobres se abre una brecha que no ha hecho sino crecer en las últimas décadas. Y lo que es más significativo, estas desigualdades se dan en muchos casos entre países separados tan sólo por una línea fronteriza: EE.UU. y México, Alemania y Polonia, la Unión Europea y el Magreb. Mientras que en EE.UU. los inmigrantes reciben en torno a 278 $ por una semana de trabajo, en México sólo reciben por el mismo trabajo 31 $.
 
La actual globalización económica está presidida por la asimetría entre zonas productivas con abundantes información y riqueza y otras zonas con economías devaluadas, abundante pobreza y exclusión social. La insoportable e injusta deuda externa y las políticas de ajuste estructural que los organismos internacionales imponen a los Estados del Tercer Mundo, unidas a la inestabilidad de un sistema financiero completamente liberalizado y desregulado, han ido produciendo sucesivas crisis en muchos de esos países. Algunos ciudadanos que no ven otra salida se deciden por emigrar.
Por otra parte, en las economías de los países más ricos existe una tendencia a la segmentación de la fuerza de trabajo con múltiples manifestaciones: el desempleo, la subproletarización de una parte de la mano de obra con una relación sólo esporádica con el mercado de trabajo, la precarización de una parte importante del empleo debida a la flexibilización y el crecimiento de la temporalidad, la dualización y polarización del escalafón profesional, etc.
Otro de los aspectos importantes en relación con la inmigración es la economía sumergida. Existen ramas económicas como la agricultura, la hostelería-restauración y los servicios menos cualificados (limpieza, servicio doméstico, etc.), en los que la incidencia de la economía sumergida es muy elevada.
 
España es uno de los países de la Unión Europea con más economía oculta. Dada esta situación del mercado de trabajo, la inserción laboral de la mayoría de los inmigrantes se viene produciendo en las ramas económicas con más incidencia de la economía oculta y en los segmentos de empleo más precarios y descualificados, con mayor grado de irregularidad y más desprotegidos jurídica, social y sindicalmente. Así pues, la mayor demanda de fuerza de trabajo para puestos peor pagados, inestables y con menos prestaciones sociales es lo que produce la demanda de inmigrantes.
 
El deterioro medioambiental es otro factor importante a tener en cuenta. Se puede decir que existe en la actualidad una espiral de retroalimentación negativa entre pobreza y destrucción del medio ambiente, en la que el deterioro del segundo conduce al aumento de la primera y viceversa, la primera se convierte en una dificultad para la regeneración del segundo. Los pobres se ven obligados a agotar los recursos para sobrevivir, pero esta degradación del medio ambiente los empobrece todavía más. Siendo los ricos los que más contaminan, sin embargo son los pobres los que soportan las peores consecuencias.
 
En la segunda mitad del siglo XX la agricultura del Tercer Mundo ha sido crecientemente integrada en la división internacional del trabajo por medio de un proceso acelerado de salarización del primer sector y su sometimiento a las estrategias empresariales de los grandes consorcios agroalimentarios. Junto a esto, la industrialización orientada a la exportación y dependiente del capital inversor extranjero ha movilizado importantes capas de población hacia los núcleos urbanos y el trabajo asalariado.
 
La primera consecuencia es el éxodo a las ciudades que se produce en los países del Tercer Mundo. Se calcula que anualmente emigran entre 20 y 30 millones del campo a las ciudades. En el 2025 el 57% de la población de estos países vivirá en la ciudades. De esta manera el proceso globalizador crea potenciales migratorios y refuerza los lazos ideológicos, culturales y materiales entre el centro y la periferia, entre los países de los que procede el capital y los países de procedencia de los inmigrantes.
 
Durante el proceso de descolonización de bastantes países del Tercer Mundo después de la segunda Guerra Mundial y durante el período de la llamada guerra fría muchos de ellos se vieron involucrados en conflictos bélicos que generaron desplazamientos masivos, de los que sólo una parte muy reducida afectó a los países desarrollados. El final de guerra fría no ha supuesto el fin de esos conflictos, más bien han aumentado si cabe sus efectos sobre las poblaciones civiles.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula que 50 millones de personas en el mundo son víctimas de desplazamientos forzosos, 21 millones de los cuales están bajo su responsabilidad. La mayoría de los refugiados del mundo se encuentran en los países vecinos, ellos también empobrecidos. Aunque en otros países europeos la afluencia de refugiados ha tenido un cierta relevancia, la reforma legislativa de 1994 ha hecho de España un país prácticamente cerrado para los solicitantes de asilo.
 
El turismo, los medios de comunicación de masas, sobre todo la televisión, la venta a escala planetaria de productos culturales o de consumo, con sus campañas promocionales, etc., han contribuido muy decisivamente a multiplicar los contactos y las interacciones culturales a escala mundial. Para amplias capas de población de los países empobrecidos el contacto con esos productos culturales se produce frecuentemente en conexión directa con la sustitución o disolución de los marcos tradicionales de vida y sus modelos de comportamiento.
Así que no parece aventurado afirmar que el proceso de expansión cultural de occidente tiene un efecto directo sobre la predisposición a emigrar, al favorecer el desarraigo y al universalizar patrones de consumo y estilos de vida y crear expectativas difícilmente cumplibles en los países en desarrollo.
 
Por último, no debería olvidarse la importancia de las redes migratorias. Las redes sociales juegan un papel primordial en el intercambio de información sobre el país de destino, en los trámites y apoyos para el traslado a él y para la posterior integración en el mercado laboral formal o informal. Los expertos parecen estar de acuerdo que dichas redes se convierten con el paso del tiempo en factor de autoperpetuación de las migraciones más allá de la persistencia de los factores de naturaleza económica que las desencadenaron o de los cambios negativos en el mercado de trabajo o en las políticas migratorias del país de destino.
 
 

3. Los itinerarios migratorios

 
Dado el paso, la migración conlleva para los emigrantes un cambio del sistema social y cultural de referencia en el lugar de origen por el del lugar de destino. Este cambio no se produce de modo automático con el traslado físico de lugar, sino que supone un largo y difícil proceso que a veces perdura a lo largo de toda la vida y llega a afectar a más de una generación ya instalada en su país de destino.
La caracterización del emigrante como un desarraigado expresa la inestabilidad y vulnerabilidad que produce la migración, la ruptura con la sociedad de procedencia y la introducción en un nuevo contexto social y cultural que conlleva una pérdida de validez de muchas concepciones valorativas, normas de conducta y modelos de comportamiento hasta ese momento asumidos con cierta naturalidad. No es extraño que los inmigrantes, sobre todo en la fase inicial de su estancia en el nuevo país, se sientan desorientados.
 
 
La primera gran dificultad viene dada por el muro legal y policial levantado contra ellos. De hecho el 83% de los inmigrantes que llegaron a España en los últimos años entraron sin permiso de trabajo. De todos modos, la imagen popularizada por los medios de inmigrantes llegando en pateras a nuestras costas, si bien refleja el drama de muchos seres humanos que arriesgan su vida y llegan a perderla a causa de una política de fronteras inhumana, no refleja más que una mínima parte (2%) de los que llegan hasta nosotros.
En cualquier caso, las dificultades de acceso suponen para la mayoría una fase de irregularidad con efectos perversos tanto desde el punto de vista de seguridad personal, como de integración laboral, social, etc. Si se llega a obtener una primera regularización, la vinculación entre permiso de trabajo y de residencia, así como el tipo de vigencia temporal de ambos, por un lado, y la política de cupos, que orienta la fuerza de trabajo inmigrante hacia ocupaciones específicas con un índice mayor de irregularidad y precariedad, por otro, los atrapa por un período prolongado de tiempo en un círculo vicioso de inestabilidad laboral y jurídica, que aumenta considerablemente la vulnerabilidad y la discriminación de los inmigrantes en el mercado de trabajo.
 
Para aquellos que a pesar de estos escollos consiguen instalarse entre nosotros, gran parte de los aprendizajes realizados en el contexto de origen pierden en el nuevo contexto su validez. Los emigrantes han de distanciarse de un buen número de roles y redefinir aquellos que se mantienen para responder a las expectativas con las que están vinculados en la sociedad receptora. Otros roles han de ser asumidos de manera completamente nueva. Una reacción frecuente a esta situación y los retos que comporta es la reducción de las interacciones sociales, limitar la vida relacional a la familia, el grupo de compatriotas o a los parientes. La inseguridad existencial y los problemas de orientación agudizados por la habitual experiencia de rechazo en el nuevo contexto lleva frecuentemente a la segregación y guetización.
Convendría, además, no olvidar que los inmigrantes siguen manteniendo vínculos con sus contextos de origen, envían remesas, tienen un doble punto de referencia con lazos específicos y exigencias particulares. Una parte de la familia queda en el propio país, pero la segunda generación se vincula y echa raíces en el nuevo. La integración de los hijos plantea por regla general problemas primero educativos, después de integración cultural, laboral, política, etc., que desbordan las capacidades de respuesta de los inmigrantes. Los países receptores, España incluida, no han sabido o querido articular políticas efectivas de integración, porque se ha actuado desde las administraciones públicas primando los criterios económico-laborales, de seguridad, de soberanía nacional, etc.
 
 

4. Barreras que deben eliminarse

 
Todos los pasos que se han dado para impulsar la creación de un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en Europa han estado unidos a una agudización de las medidas de control de la inmigración y de restricción del acceso.
La Ley de Extranjería actualmente vigente en España da prioridad al control policial y administrativo frente a las garantías en el ejercicio de los derechos. Mantiene una diferenciación estricta entre inmigrantes en situación regularizada y los «irregulares», que se ven desprovistos de la mayoría de derechos fundamentales, si exceptuamos la sanidad para casos de urgencia, menores y mujeres embarazadas, y amenazados de expulsión por procedimiento «preferente» (48 horas). También se dificulta enormemente su regulación, ya que las ofertas de empleo sólo podrán dirigirse a los extranjeros “que no se hallen en España” (Art. 39), lo que en realidad supone condenar a los trabajadores extranjeros «sin papeles» a ser carne de cañón de la economía irregular.
 
 
Pero aunque parezca paradójico, el muro y los agujeros se reclaman mutuamente en la configuración de las fronteras, verdaderos filtros selectivos, que sirven para mantener las afluencias y, al mismo tiempo, las diferencias institucionalizadas en la retribución directa o indirecta del trabajo. Lo que convierte a las migraciones en un subsistema laboral es esa combinación entre integración precaria en el mercado de trabajo y exclusión parcial o total de los derechos ciudadanos y sociales.
Además de la discriminación que supone una asignación de los inmigrantes por vía de ley a sectores y actividades con un índice mayor de irregularidad y precariedad, la posición que ocupan los inmigrantes laborales dentro de los respectivos mercados de trabajo, en gran medida condicionada por el tipo de acceso a los mismos, es peor de modo sistemático. La falta de contrato va acompañada en muchos casos de discriminación salarial, de condiciones de trabajo con riesgos para la salud, de jornadas de trabajo abusivas, etc. Asistimos a una nueva forma de esclavitud y de reducción de seres humanos a mano de obra barata y explotable supeditada a las exigencias arbitrarias de los contratantes.
 
La discriminación legal y laboral están a la base de otras formas de discriminación que afectan al desarrollo normal de la existencia y a los niveles mínimos de calidad de vida vigentes en la sociedad receptora de inmigración. Nos referiremos aquí sólo a una de esas formas por su gran relevancia de cara a la integración social de los inmigrantes, la que está relacionada con la vivienda.
Aun a riesgo de simplificaciones reductoras, se puede decir que en las ciudades los inmigrantes laborales extracomunitarios suelen ocupar viviendas muy deterioradas, con escasos equipamientos, en las zonas de mayor pobreza de los centros urbanos degradados o de los barrios periféricos. En las zonas rurales esos inmigrantes se alojan predominantemente en naves, casas abandonadas, dependencias secundarias de los cortijos, pequeños barrios en medio del campo, etc., que suelen pertenecer a los mismos patronos que los contratan. Los equipamientos son escasos o inexistentes. La proximidad a los lugares de producción agrícola que caracteriza estos alojamientos está emparejada con la lejanía de los núcleos de población, lo que se convierte en una fuente de segregación. Lo primero contribuye a la disponibilidad de los inmigrantes como reserva de mano de obra, lo segundo a la invisibilización de sus necesidades y derechos.
 
Si los condicionantes político-legales y socioeconómicos juegan un papel determinante en las dinámicas de discriminación de los inmigrantes, no podemos olvidar tampoco las actitudes y comportamientos de la población nativa en la sociedad receptora, es decir, el rechazo xenófobo como obstáculo a la integración y como fundamento difuso o refuerzo cultural de los mencionados condicionantes discriminadores. El vínculo del prejuicio con la discriminación proviene de su entrelazamiento con intereses de dominación o segregación de los individuos sobre el que aquél se proyecta o con la necesidad de encontrar una explicación causal sencilla o un chivo expiatorio para problemas sociales complejos. Es una manera de estigmatizar al grupo y preparar su dominación o su exclusión.
 
 

5. Compromiso solidario con los inmigrantes

 
 
Igual que con respecto a otros fenómenos complejos, no sirve de nada pretender dar recetas sencillas para la inmigración. En realidad, lo primero sería tomar conciencia de que la inmigración no es abordable como si se tratara de un asunto específico aislado del conjunto de la sociedad. Más bien tendríamos que pensar que ella es como un espejo que nos devuelve aumentados los problemas que vivimos en nuestra sociedad, ya se trate de lo que está ocurriendo en el mercado de trabajo, en las relaciones Norte-Sur, en la crisis del Estado del Bienestar, en la concepción de la ciudadanía y la democracia o en la convivencia multicultural y la cohesión social. Algunas líneas de compromiso podrían ser:
 

• Compromiso político

Comprender que la inmigración no sólo plantea problemas de integración social, sino que posee una dimensión política, que es necesario trabajar por una igualdad jurídica, para que los inmigrantes tengan los mismos derechos y libertades que el resto de ciudadanos.
 

• Compromiso social

Exigir de las administraciones públicas la eliminación de toda discriminación en el acceso a la vivienda, al trabajo, a los servicios sociales, etc. denunciando todas las situaciones en que se produce la discriminación y organizándose contra ella.
 

• Compromiso cultural

Combatir en el día a día los estereotipos y prejuicios acerca de los inmigrantes, buscando el contacto real, reconociendo y valorando sus diferencias culturales, afirmando su dignidad y la importancia de una convivencia en plano de igualdad. n
 
José Antonio Zamora
estudios@misionjoven.org
 
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