José Luis Segovia Bernabé
José Luis Segovia es Profesor de Moral Social y DSI (Instituto Superior de Pastoral, Madrid)
SÍNTESIS DEL ARTÍCULO
Con sencillez y precisión, el autor clarifica, en primer lugar, algunos términos clave en relación a la inclusión-exclusión social (marginación, exclusión, pobreza), señalando al mismo tiempo los grandes problemas que subyacen. Su interconexión y gravedad suponen un reto muy fuerte para la Iglesia: es necesario universalizar la caridad; es decir, que la caridad sea, de verdad, caridad política, mediada por la justicia y proyectada por la clave política. Y es urgente también el compromiso y la lucha en las comunidades cristianas contra la marginación, la exclusión, la pobreza.
Marginación, exclusión, pobreza… son palabras que se utilizan con frecuencia de modo indistinto y sin embargo presentan matices bien diferenciados. Trataremos de clarificar estos términos sin meternos en excesivas complicaciones, pero sin renunciar a mostrar el trasfondo que esconden y, sobre, todo apuntando a la necesidad de políticas integrales por parte de los poderes públicos y la urgencia de una auténtica caridad política por parte de quienes formamos parte de la Iglesia.
- La mesa camilla de la integración social
Bien podríamos decir que la plena inclusión de una persona en la sociedad es como una mesa camilla. Para tener plena estabilidad necesita de las cuatro patas. Si falta una se desequilibra, y cuando fallan las cuatro… es imposible que se pueda sostener en pie.
La primera pata viene dada por la economía. Para poder vivir aceptablemente en una sociedad dada una persona necesita un mínimo capital disponible. Cuando no dispone de él empezamos a hablar de pobreza. En el sentido más clásico, una persona es pobre cuando “no tiene” ingresos económicos suficientes. Enseguida entenderemos por qué los especialistas dicen que el concepto de pobreza es relativo. Naturalmente, no necesitamos los mismos recursos para sentirnos integrados en una aldea de la sierra que en una gran ciudad, en una sociedad de supervivencia que en una de consumo. Por eso, se entiende bien que en ésta última, en cualquier gran ciudad, una persona es pobre no sólo porque no tenga qué comer, o dónde dormir, sino simplemente porque no disponga de las posibilidades mínimas de consumo en esa sociedad. Un chaval de 20 años en una gran urbe de un país del norte, no sólo es pobre, sino que incluso, casi se podría decir que se moriría de pena, si no dispone de un mínimo de dinero para gastar en ocio el fin de semana. Alguien sin un mínimo de dinero para gastos extra (no de supervivencia) se considera pobre porque queda fuera del circuito de la vida normalizada para los individuos de su edad. Por esta razón, somos tan injustos cuando criticamos que una persona que es ayudada en nuestra parroquia se esté tomando un café en el bar. La inclusión en una sociedad de consumo como la nuestra supone tener unos mínimos de consumo, incluso de ocio, más allá de la mera supervivencia.
Igualmente, hemos de reseñar “las nuevas formas de pobreza”, que arrecian especialmente en los ciclos recesivos de la economía y que tienen por sujetos a las personas que, habiendo vivido en la “zona de integración social” (con estudios, afrontando la hipoteca de la vivienda etc.), han ido precarizando su situación (merced, sobre todo, a la falta de estabilidad laboral) y abrumados por las deudas acaban cayendo en la pobreza. El endeudamiento de consumo es característico de las nuevas pobrezas: por ejemplo, personas incapaces de hacer frente a los recibos de luz, gas, comunidad etc., familias a las que se les corta el suministro incluso en invierno… Todo ello va unido a problemas tales como el descenso en la construcción de viviendas sociales, la disminución de las prestaciones o el incremento de los requisitos para tener derecho a las mismas.
Con todo, siendo lo económico importante, no es la única variable relevante. Durante mucho tiempo hemos sido bastante “marxistas”, otorgábamos una enorme importancia a este factor pero a costa de descuidar otros. La segunda pata de nuestra peculiar mesa camilla viene dada por la política. Entendemos ésta en su sentido más noble y, en concreto, como la capacidad de una persona o de un colectivo humano de influir de algún modo en la marcha de la sociedad, de ejercer cierto nivel de poder e influencia, de ser tenido en cuenta en la toma de decisiones colectivas. Cuando alguien “no es tenido en cuenta”, no se siente reconocido, se mina su autoestima, y el imaginario colectivo acaba por despreciar a esa persona. Por eso, alguien que no participa en la vida comunitaria, no ejerce sus derechos, está excluida de la colectividad. Se entiende así el matiz que representa con respecto a la anterior pata. No es infrecuente que la pobreza vaya de la mano de la exclusión, pero no necesariamente. En otras latitudes, los pobres tienen plena conciencia de su situación, están organizados, luchan por sus derechos, cuentan con un reconocimiento, salvaguardan su dignidad a pesar de la penuria de medios. Son pobres, pero no están excluidos y cuentan con un cierto nivel de protagonismo. Por estos pagos, como es fácil comprobar, la pobreza suele ir unida a la exclusión social, lo que agrava el diagnóstico y tiene serias implicaciones de cara al tratamiento como señalaremos más adelante.
En ocasiones, paradójicamente, es la propia legislación la que en vez de facilitar la inclusión, la dificulta o la imposibilita. Pensemos en las personas inmigrantes “sin papeles”. Más allá de toda polémica acerca del control de flujos o de las políticas de cooperación internacional, lo cierto es que las personas que indefectiblemente ya están en nuestro país y trabajan honradamente y nos generan riqueza se ven privados de derechos universales básicos como el derecho de asociación o el de huelga, o la posibilidad de acceder a nuestros tribunales de justicia para defender sus derechos cuando son abusados. Por más que se llamen de “integración social”, leyes, como las de extranjería, que impiden la participación social, el ejercicio de la ciudadanía democrática y el disfrute de sus derechos, son profundamente exclusógenas. Entenderemos así que puede haber una persona en esta situación con aceptable capacidad económica de consumo (no es pobre, por tanto), pero sin capacidad de ejercicio de sus derechos fundamentales (consiguientemente, sí es excluida).
Aunque cada vez más vivimos en sociedades pluriculturales, donde van teniendo su asiento el respeto a la diversidad y el pluralismo, existen una serie de valores, de conductas sociales esperadas, de pautas de comportamiento habituales, de ritos y símbolos que son asumidos por la mayoría o, al menos, por el grupo normativo dominante. Todo eso constituye lo que llamamos cultura. Cuando alguien tiene formas de comportamiento, tanto externas (la forma de vestir, por ejemplo), como internas (su cosmovisión), que se alejan de las esperadas socialmente, está persona se sitúa al margen, es un marginado. Piénsese en la pertenencia a una minoría étnica que no goce de buena aceptación (por ejemplo, los gitanos perseguidos desde los Reyes Católicos hasta la Cartilla de la Guardia Civil), o la adopción de ciertos comportamientos (por ejemplo, en muchos contextos, la homosexualidad). Cabe pensar en un gitano rico (sobre todo, si es artista), o en un homosexual influyente (en algunos lugares constituyen auténticos lobbies), sin embargo pueden padecer desprecio social por alejarse de las pautas consideradas normalizadas. Se trata de personas que “se desvían” de las pautas socialmente consideradas “correctas”.
Aunque no es este el lugar para desarrollarlo, no dejaremos de hacer mención a otra clarificación conceptual. Solemos hablar de pluriculturalidad, en sentido estrictamente descriptivo, como la concurrencia en un determinado habitat de diferentes tradiciones culturales. El término multiculturalidad, suele utilizarse en un sentido más propositivo: se trata de un acto de afirmación de la diferencia, desde la idea de no dejarse “contaminar” por el resto de realidades concurrentes. La cultura, así entendida, sería algo más estático, inmutable y, en cierto modo, solipsista. Finalmente, se utiliza el vocablo interculturalidad para afirmar, también de modo propositivo, sobre todo, los valores que unen, y apostar por un continuo diálogo entre realidades diferentes, abiertas las unas a las otras y en continua evolución. Desde nuestro punto de vista, la menos exclusógena, la que previene más del ghetto y de la marginación, es la interculturalidad, sobre todo si es asentada en unos valores comunes a las diferentes culturas, con respeto a las peculiaridades y a la diversidad pero sin mitificarlas. Esta noción de interculturalidad, llevada a sus últimas consecuencias, debería reducir por sí misma el ámbito de las personas marginadas en una sociedad paulatinamente más tolerante y respetuosa –que no indiferente-.
La última pata de la mesa camilla está en horas buenas. Las sociedades desarrolladas cuidan tanto la salud que generan un auténtico abanico de nuevas enfermedades (obesidades mórbidas, anorexias, vigorexia, infinidad de psicopatologías…). Entendemos la salud en un sentido amplio, tal y como la entiende la Organización Mundial de la Salud, como bienestar bio-psico-social. De ahí que quien carece de este bienestar sea considerado enfermo. La enfermedad es otra vía de relegación en nuestras sociedades del bienestar. Si bien es verdad que se ha generalizado la atención primaria hasta niveles bastante aceptables, también es verdad que determinadas discapacidades físicas o psíquicas dejan a los enfermos y a sus familiares en una situación de muy seria postración social. Pensemos en la tragedia de las familias que tienen uno –o varios- hijos con deficiencia mental, o con enfermedades como la esquizofrenia, o cuidan de personas mayores con alzheimer, o han de educar a adolescentes con trastornos de personalidad, o discapacidades físicas como la tetraplejia, la ceguera o cualquier otra discapacidad… Y si además de faltarles la salud, les falta el dinero…
- La inclusión social requiere “caridad política”
La forma tradicional de abordar la pobreza venía siendo la mera transferencia de rentas, bien a cargo del estado (política de subsidios, prestaciones económicas etc.) bien a cargo de la Iglesia (a través de la limosna, o su versión más avanzada en forma de microcréditos). Pero, si estamos hablando de que, además de pobreza, hay exclusión, marginación y enfermedad, el enfoque habrá de ser muy otro. No se trata de negar que no sea preciso seguir transfiriendo dinero. Desde luego siguen siendo imprescindibles las políticas sociales que vehiculen la universalización de ciertas prestaciones y las políticas fiscales progresivas que contribuyen a una mayor igualdad social y a financiar a las primeras. Pero, al tiempo, se trata de aunar estas medidas, con el facilitador de la participación y el posibilitar el ejercicio efectivos de derechos ciudadanos. Eso requiere reformas legales, universalización de derechos, cauces de democratización efectiva…. Además es necesario cultivar valores fuertes compartidos, asentados tanto en lo procedimental (democracia como forma de elaboración de la voluntad popular) como en lo sustancial (derechos humanos como mínimo a respetar por todas las singularidades). Finalmente, será preciso también crear redes de atención socio-sanitaria, dispositivos específicos y la necesaria coordinación entre los diversos actores sociales.
Como se ve, sólo la política es capaz de dar respuesta a esta realidad paulatinamente más compleja. Por eso, es tan importante descubrir la dimensión de compromiso político que tiene la fe cristiana. A esta tarea ayuda no poco la Doctrina Social de la Iglesia y su apuesta por el compromiso con lo temporal y el empeño en hacer de la tierra un lugar habitado por el sueño de Dios sobre la creación. Esto lo entendió muy bien el Papa Pío XI cuando acuñó el término “caridad política”, entendiendo por tal una universalización de la caridad. Se trata, de la caridad mediada por la justicia y proyectada en clave política. La única caridad capaz de lograr las transformaciones sociales que la inclusión social requiere en sociedades complejas.
Esto se hace todavía más urgente y perentorio en las sociedades del bienestar, donde a la pobreza se suma la exclusión, la marginación y la enfermedad. Cada vez más se da esta realidad acumulativa de males. Pocas veces concurre la mera pobreza que se soluciona sólo con una ayuda puntual pecuniaria. Un dato relevante es la asociación acumulativa de problemas sociales que afectan a los hogares con menos ingresos: analfabetismo, infravivienda, problemas de salud, desocupación, escasa integración psicosocial, inadaptación… Además, en los países occidentales se detecta una triple tendencia que marcará el corto y medio plazo: la extranjerización, juvenalización y feminización de la pobreza. Tampoco debe perderse de vista el aumento de ancianos y las amenazas al sistema público de pensiones que acabarán provocando el envejecimiento de la pobreza.
Una somera aproximación a la fenomenología de la precariedad social nos presenta una variada tipología: a) Vital, que se mide por la tasa de mortalidad y morbilidad (los más pobres padecen más enfermedades, reciben menos atención y acaban muriéndose bastante antes: los gitanos tienen una esperanza de vida 20 años menor a la media paya); b) Territorial: con el rígido control de fronteras que impide la entrada o expulsa a determinados perfiles de personas (condición suficiente es ser pobre y no ser ciudadano de países del Norte); también las políticas de concentración de la marginación en determinadas zonas (no suelen ser las de nivel medio y alto y más recursos y dispositivos); c) La institucionalización involuntaria es un factor de exclusión, por más que se quiera presentar más como solución que como problema de no integrar en el propio medio: cárceles, orfelinatos, psiquiátricos, residencias de ancianos…; d) Exclusión cultural que rechaza al diferente, incapaz de asimilar el reto de la multiculturalidad; e) Exclusión del conocimiento y la cualificación profesional.
Todo ello apunta, una vez más, a la necesidad de políticas integrales, de superar abordajes individualistas y apostar por una auténtica “caridad política” que contemple tanto la atención significativa como la denuncia de las injusticias y carencias en la política social. Ésta, para ser efectiva, habrá de ir de la mano de otras políticas (la económica, de vivienda, sanitaria etc.) y no tener carácter aislado y residual.
3. La lucha contra la exclusión
La pobreza, marginación y la exclusión social (a veces, también la enfermedad) son frecuentemente el fruto maduro de la injusticia. Por eso, son técnicamente superables y éticamente inaceptables. Así, pues, superada la visión paternalista y asistencialista, la correlación pobreza-desigualdad recuerda que estamos ante un fenómeno social, enraizado en la propia estructura social. De ahí que la lucha contra la exclusión debe serlo contra la desigualdad. Ello supone acciones dirigidas a los mecanismos causantes de la misma y a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos básicos.
También habrá que distinguir entre estrategias favorecedoras del crecimiento (necesario, pero siempre cuantitativo) y el desarrollo (cualitativo, que supone redistribución). Éste debe ser integral, respetuoso con el medio ambiente, las culturas autóctonas, su cohesión social y procurará ir nivelando las asimetrías y reduciendo las fallas de desigualdad. De esto se infiere que, si bien el crecimiento económico es un buen indicador de posibilidades, no lo es per se de justicia social y lucha contra la marginación. Sin la concurrencia de políticas niveladoras de asimetrías (supra-estatales, nacionales y regionales), de lucha efectiva contra la exclusión, de protección a los más vulnerables y de procesos de acompañamiento y de integración social, el solo crecimiento económico es falaz. Las macromagnitudes (Producto Interior Bruto, Renta Nacional, Renta per Capita etc.) son indicadores fácilmente manipulables, si no se ponen en directa relación con el segmento inferior de la población. Los excluidos, su nivel de ingresos, de servicios recibidos, el dinero invertido en políticas de integración y de acompañamiento, el nivel de protección y el aseguramiento de todos los derechos básicos son indicadores mucho más fiables de la calidad de vida real de un país y, sobre todo, del nivel de atención al fenómeno de la exclusión social.
Hoy día aparece superada la visión paternalista y asistencialista de la pobreza, que obviaba tanto la dimensión estructural del fenómeno como la condición de sujetos de derechos de los que la padecían. Por eso la lucha contra la exclusión debe tener por irrenunciable sujeto activo a los estados y a los organismos supra-estatales cada vez más importantes en el diseño de las directrices una mayor amplitud territorial. Este protagonismo en el diseño de políticas globales interrelacionadas, debe estar abierto a la cooperación con las entidades locales (globalización y regionalización son partes del mismo proceso), en coordinación con las ONGs y los grupos sociales y con la participación de los ciudadanos en general, y de los propios excluidos en particular, como agentes del desarrollo.
Son precisos enfoques multidimensionales, que aúnen esfuerzos coherentes e integrados, con estrategias a medio y a largo plazo que, además de prevenir la marginación y de transferir recursos, sean capaces, desde el “piensa globalmente y actúa localmente”, de generar: a) Políticas que trabajen sinérgicamente; la política económica, de la mano de la social, de vivienda, de inmigración etc., y no como sucede con frecuencia contradictoriamente enfrentadas: la primera provocando desigualdad, y las otras tratando inútilmente de combatirla; b) Políticas tendentes a prevenir fenómenos indeseados de violencia, droga, xenofobia; c) Políticas de protección social a los más vulnerables; d) Políticas de acompañamiento e integración social de los ya marginados; e) Políticas regeneradoras de tejido social solidario y el fomento del trabajo en red, sin eludir el estado sus responsabilidades, pero sin pretender la exclusiva de la intervención (principio de subsidiariedad de la Doctrina Social de la Iglesia vs. peligro estatalista); f) Educar en valores fuertes de ciudadanía democrática: ser frente a tener, calidad frente a cantidad, compartir versus . poseer, ética disidente y solidaria versus. altruismos sumisos e indoloros; g)Por último, no debe despreciarse el papel de la mejora de la calidad de vida inespecífica, desarrollando las infraestructuras básicas (comunicaciones, red sanitaria, educativa etc.) al servicio de todos los ciudadanos.
Hemos de destacar los Programas europeos contra la pobreza, así como la constitución en 1990 del Observatorio Europeo de lucha contra la exclusión. Por su parte, la Red Europea de Asociaciones de Lucha contra la pobreza, creada en Bruselas en diciembre de 1990 pretende garantizar funciones de presión para y con las personas en precariedad. Posteriores son ATTAC, creada en Francia en 1998, grupo de presión múltiple que pretende el control democrático del sistema financiero mundial o AGP (Acción Global de los Pueblos), en Ginebra en 1998 para coordinar las acciones contra la globalización económica. Todos ellos recuerdan, junto con los informes anuales de Naciones Unidas, que la erradicación de la marginación, la justicia planetaria, el aminoramiento de la brecha norte/ sur, riqueza/pobreza, debe ser el indicador más relevante del desarrollo y el criterio de las políticas regionales de convergencia. Para ello será preciso seguir conjugando el binomio crecimiento-redistribución frente al mero crecimiento-competitividad.
- Un reto para la Iglesia
El mundo de los pobres, excluidos, marginados y enfermos ha sido objeto de una especial predilección por parte de la Iglesia. No podía ser de otra forma si quería mantenerse mínimamente fiel al mandato de su Maestro. Desde siempre ha dedicado lo mejor de su impulso creativo a responder a necesidades que luego han ido siendo asumidas por los poderes públicos: hospitales, residencias, de ancianos, discapacitados etc. Con todo, a partir del Concilio Vaticano II se produce un recolocamiento de los marginados en la vida de la Iglesia. Las Conferencias Latinoamericanas de Medellín (1968), Puebla (1978) y el auténtico empujón dado por la Teología de la Liberación, aterrizando el enfoque iniciado por la Teología Política, han marcado un hito: los pobres ya no sólo un objeto de atención, sino de opción preferencial. La Teología de la Caridad, incidiendo cada vez en su dimensión estructural-universalizable (caridad política) y la incipiente Teología de la Marginación constituyen, con sus matices, ricas lecturas creyentes sobre la realidad de la exclusión social. Simultáneamente ha ido recobrando vigor la Doctrina Social de la Iglesia, ciertamente recuperada en el pontificado de Juan Pablo II, con principios inspiradores básicos como la dignidad inalienable de la persona (GS 41, SRS 47, CA 5…), el destino universal de los bienes de la tierra (MM 119;PP 22, GS 69; SRS 9,CA 30…) o el predominio del trabajo sobre el capital (LE 12.15).
Se produce de este modo una incorporación temática de la realidad de los marginados que hunde sus raíces en la experiencia del Dios liberador de la opresión (experiencia del Éxodo) y en lo mejor de la tradición profética y de las instituciones al servicio de la lucha contra la pobreza como el año sabático y el año de gracia (Ex 15, 1-8; Lv 25, 1-54) Con todo, será la dinámica de la encarnación, las palabras y la praxis dignificadora e incluyente de Jesús, la que hará realidad las bienaventuranzas que acaban por convertir a los pobres no sólo en auténtico sacramento de Cristo, sino incluso en juicio último y penúltimo sobre todo ser humano sin excepción. De todo ello se deriva que la acción de la Iglesia con los pobres y contra la pobreza (Ricoeur) no sea un añadido sino un auténtico elemento teologal y constitutivo de su identidad. Se juega en ello no sólo su credibilidad como signo visible de Cristo sino incluso la credibilidad de Dios en los contextos más secularizados.
Varios son los retos que se presentan a la comunidad cristiana si quiere ser fiel a su Señor: a)Desde luego, tendrá que seguir siendo una Iglesia samaritana, ocupada en curar y cuidar las vulnerabilidades del prójimo siendo heraldo de buenas nuevas liberadoras de parte de Dios. Procurará sistematizar y hacer lo más eficaz posible su servicio de acompañamiento y proximidad a través de programas y procesos. b) Realizará una lectura creyente, lúcida y profética, denunciando las nuevas idolatrías (p.e., la especulación y el consumo compulsivo), dogmas (el mercado único), doctrinas (el pensamiento único) y ortodoxias (lo políticamente correcto), poniendo en el centro al ser humano. c) Generará espacios comunitarios, abiertos, acogedores, fraternos, cómodamente habitables por los propios excluidos donde encuentren apoyo y conforto espiritual y humano, sin estigmas ni estereotipos. d) Desarrollará la creatividad (nueva imaginación de la caridad, NMI 49) y la capacidad para generar respuestas nuevas, capaces de acciones significativas que abran vías y propongan caminos inéditos y la generación de microespacios utópicos que anticipen el Reino. e) Concienciación intra y extracomunitaria de valores evangélicos universalizables y de la cultura de los derechos humanos. f) Los pobres obligarán a reformular los contenidos de la fe y exigirán utilizar un lenguaje inteligible, con un catalogo de verdades liberadoras y un mensaje salvador accesible a los más sencillos de una sociedad ilustrada y posmoderna. g) Obligarán a remodelar la imagen de Iglesia, desde la austeridad, la renuncia a medios de poder, la sencillez en las formas, los símbolos y los ritos… Los pobres ayudan a entender mejor a Dios, a comprender mejor la misión de la Iglesia, a reformular sus rasgos significativos desde la pobreza evangélica, el talante de su presencia en el mundo, y a aglutinar en torno a su causa a creyentes y no creyentes que hacen realidad aquello de San Ireneo: “la gloria de Dios es que el ser humano viva”. i) Impostará con ellos todas las acciones de la Iglesia: catequéticas, litúrgicas, etc. y apostará por los valores fuertes, la humanización del mundo y el compromiso político. Por ser la lucha contra la pobreza un valor en sí, la Iglesia y sus instituciones, puede y debe abrirse a la leal colaboración con hombres y mujeres de buena voluntad. Para ello, se debe articular la identidad con la apertura y la flexibilidad en la misión.
En definitiva, lo social no es un añadido, sino que constituye un auténtico elemento configurador que tinta el ser mismo de la Iglesia. Sean cuales fueren las modalidades de la respuesta pastoral (como cristianismo de mediación o de presencia) se requiere cultivar la dimensión de discípulos, seguidores de Jesús y de su praxis, pero también la de ciudadanos críticos que participan, crean y recrean las mediaciones precisas para dignificar a pobres, excluidos, marginados y enfermos. En el fondo, con unos u otros nombres, de uno u otro modo, los mejores de la Iglesia nunca han dejado de hacerlo así.
Bibliografía
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